El Lector Digital

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Fiscalía presenta acusación por presuntas irregularidades en la contratación de la logística de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena

Por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, la Fiscalía presentó acusación contra tres personas que estarían vinculadas a las irregularidades que se habrían presentado en la contratación de apoyo logístico y operativo para la realización de la VI Cumbre de las Américas – Cartagena 2012.

El material probatorio indicaría que al contrato suscrito entre la Unión Temporal Cumbre de Las Américas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo valor ascendió a 43 mil millones de pesos, le hicieron una adición presupuestal de 12 mil millones de pesos para supuestamente cubrir actividades que estaban contempladas en el contrato inicial, como servicios de salud, imprevistos y gastos generales.

Adicionalmente, se habría pactado un monto de 6 mil millones de pesos para la producción y transmisión de televisión.

De acuerdo con la normatividad, la adición aprobada no era viable porque se necesitaba de un nuevo contrato con proceso licitatorio previo, en el que debían participar distintos oferentes para garantizar los principios de planeación, economía, eficiencia y selección objetiva.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a:

  • Araminta Beltrán Urrego, directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores para la fecha de los hechos investigados.
  • Alexánder Potdevin Gutiérrez, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y supervisor del contrato.
  • Antonio Porras Gutiérrez, representante legal del consorcio Unión Temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012.

Dentro de la facturación del encuentro, la Fiscalía encontró un presunto sobrecosto aproximado de 4 mil millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación hace pública la presente información por razones de interés general.

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Procuraduría instó a alcaldía de Cartagena a adoptar medidas urgentes para la recuperación del caño Juan Angola

 La Procuraduría General de la Nación instó al alcalde  (e) de Cartagena, Pedrito Tomas Pereira Caballero, para que de manera inmediata adopte una estrategia de intervención que permita la recuperación del sector La Unión del caño Juan Angola.

El Ministerio Público señaló con preocupación, que hasta la fecha no se han reportado resultados por parte del distrito frente a la grave problemática ambiental que se presenta por el estrangulamiento del cauce del caño Juan Angola, en el sector La Unión del barrio Torices, por lo que emitió un llamado para que de manera urgente se adelanten acciones que mitiguen los riesgos ambientales a los que se encuentran expuestos los habitantes de la zona.

Así mismo, se llamó la atención al Distrito de Cartagena sobre la destinación de los $15 mil millones de pesos que se iban a invertir en la relimpia del caño Juan Angola y que fueron suspendidos por la administración distrital, porque decidieron revisar opciones de inversión que contribuyeran realmente a la solución ambiental del caño, aun cuando atender el estrangulamiento de su cauce en el sector de la Unión era una de las principales problemáticas para atender.

Para el ente de control es indispensable que se replantee la estrategia de intervención con el fin de evitar la continua tala indiscriminada de manglares, el vertimiento de escombros y basuras en los cuerpos de agua, y la contaminación de las playas en la ciudad de Cartagena.

Suspenden a tres meses al alcalde de Turbaná, Bolívar, por irregularidades en la prestación del servicio de bomberos

El Ministerio Público inició una acción preventiva para revisar la gestión del riesgo contra incendios en diferentes municipios de departamento de Bolívar.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspendió por tres meses al alcalde de Turbaná, Bolívar, Senén Cantillo Paternina (2016 – 2019), por irregularidades en la prestación del servicio de bomberos en el municipio.

Cantillo Paternina también fue hallado responsable de un segundo cargo disciplinario por no representar adecuadamente a Turbaná en el trámite de una acción popular interpuesta por una ciudadana, que exigía la adopción de medidas para la prevención y control de incendios y otras eventualidades en el municipio. 

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Cartagena señaló que Cantillo Paternina faltó a su deber legal de mantener vigente el contrato de prestación del servicio en los años 2016 y 2017, lo que dejó a la comunidad expuesta a la improvisación en la atención de emergencias  y supeditada a la disponibilidad de los recursos propios del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio, cuando esa no era su responsabilidad. 

El Ministerio Público estableció que en el 2016 el contrato solo cubrió nueve meses del año, mientras que en el 2017 apenas estuvo vigente desde el 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre.

Frente a la gestión del alcalde para enfrentar la acción popular adelantada en el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, la Procuraduría señaló que el funcionario no estuvo atento a los requerimientos del Juez, y como consecuencia no asistió a la diligencia especial de pacto de cumplimiento donde el municipio fue hallado responsable por no realizar una gestión integral del riesgo contra posibles incendios en Turbaná.

Por esos hechos la Procuraduría suspendió a Cantillo Paternina por su responsabilidad en dos faltas graves cometidas a título de culpa grave. La decisión fue apelada por el disciplinado.

En el mismo fallo, la Procuraduría Provincial de Cartagena inició una acción preventiva para revisar el  manejo, efectividad y permanencia de la gestión del riesgo contra incendios en diferentes municipios de departamento, así como también vigilar la administración de los recursos recaudados por concepto de la sobretasa creada para el mantenimiento de los cuerpos de bomberos en el país.

Gobernadores de la Región Caribe insisten en que mercado eléctrico de la Costa no se divida

Los gobernadores de la Región Caribe le insisten al Gobierno nacional que el mercado eléctrico de esta zona del país no sea fragmentado y siga siendo atendido por un solo operador con músculo financiero, bajo el mismo modelo que lo ha venido haciendo Electricaribe.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, señaló que los mandatarios departamentales han cuestionado la posibilidad que se divida la operación del servicio de energía en esta región porque debilitaría el mercado.

«Se está promoviendo la segmentación más para beneficio de quienes serían los ofertantes, que para el de la misma Región Caribe. Cada vez nos insisten más en que esa es la solución para conseguir dos o tres operadores para un mercado tan grande como el nuestro, que es el 25 % de la demanda energética del país. Nosotros (los gobernadores) vemos que esa división nos quita posibilidad de hacer compras en grande, que es lo que realmente le da fortaleza a este negocio», precisó el mandatario.

Verano de la Rosa informó que se programó una nueva reunión con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, este martes en Bogotá, para continuar analizando el tema.

«No queremos que haya varios operadores en nuestra Región, sino que sea un solo operador el que administre este servicio, porque, unidos, es como somos un mercado más atractivo para que lleguen mejores inversionistas», precisó Eduardo Verano

El mandatario de los atlanticenses recordó que también se ha planteado la posibilidad de que haya una empresa regional de energía que asuma la operación del servicio. «En la Región, tenemos 10 excelentes empresas eléctricas, de carácter diferente, unos generan, otros transmiten y otros distribuyen. La idea es que se puedan unir y prestar un mejor servicio a toda la Región».

Entre las empresas mencionadas por Verano, que prestan servicios en la Región Caribe, se encuentran Urrá S.A. E.S.P., Gecelca, Transelca, Tebsa, Termoflores, Termocandelaria, Termocartagena y la propia Electricaribe.

«Si no hay inversión, el servicio siempre va a ser muy malo. El Estado debe actuar de una manera armónica para encontrar una solución al tema del servicio eléctrico en la Región Caribe», enfatizó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay.

El planteamiento de que no se fragmente el mercado fue respaldado el pasado viernes en una reunión que hubo en Cartagena, convocada por la Contraloría General de la República. Allí, los mandatarios de la Región firmaron un documento que fue dado a conocer públicamente por la Federación Nacional de Departamentos (FND).

A PASO FIRME AVANZAN LOS JUEGOS NACIONALES 2019

En la capital del país, el gobernador Dumek Turbay participó en el Comité Organizador de los Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019, donde se revisaron avances en materia de infraestructura, logística y organización. 

Se llevó a cabo una vez más, una importante reunión del comité organizador de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2019 en la capital de la república. En este encuentro, conformado por el gobernador de Bolívar Dumek Turbay, la ex campeona mundial de patinaje Cecilia Baena, el director nacional de Coldeportes Ernesto Lucena y el presidente del comité olímpico colombiano Baltazar Medina, se brindó un detallado reporte que ofrece hasta la fecha, un balance muy positivo sobre el evento deportivo más esperado de Colombia.

Desde este espacio se realizó una detallada evaluación sobre los avances tanto en materia de infraestructura como en todo lo concerniente a los detalles logísticos y de organización. Las justas deportivas más importantes del país avanzan a buen ritmo y a paso firme. Así lo dejó ver Dumek Turbay, gobernador de Bolívar.

“Estamos tomando decisiones en lo técnico, definiendo temas de implementación, asumiendo responsabilidades y evaluando los tiempos a pesar de los pocos meses que nos quedan. Pero tenemos la suficiente confianza de que ejecutaremos las obras de la mejor manera”, manifestó el representante de los bolivarenses. 

A su vez, la ex campeona mundial de patinaje Cecilia “Chechi” Baena, también expresó su optimismo, frente a lo que en su criterio serán los mejores juegos de la historia. “Hemos revisado también las fechas de los cronogramas y las adjudicaciones de las obras. Los Juegos Nacionales 2019 avanzan de la mejor manera”, concluyó. 

Los tiempos de ejecución de las obras que están siendo financiadas tanto por la Alcaldía de Cartagena, la de Magangué, Coldeportes y el Gobierno Departamental, avanzan a paso firme desde todos los ámbitos. 

Este es el séptimo encuentro que se realiza, hoy en la ciudad de Bogotá, desde donde siempre se la ha hecho un importante seguimiento a estas justas deportivas.

Procuraduría investiga presuntas irregularidades en el PAE en Amazonas, Arauca, Meta, Valle del Cauca, Buenaventura, Cartagena y Quibdó

La Procuraduría General de la Nación abrió 10 investigaciones por presuntas irregularidades en la planeación, contratación y ejecución el Programa de Alimentación Escolar (PAE), vigencias 2016 y 2017, en los departamentos de Amazonas, Arauca, Meta, Valle del Cauca, en el municipio de Quibdó, y en los distritos de Buenaventura y Cartagena, que pudieron afectar más de 600.000 de estudiantes beneficiarios.

El órgano de control investiga a los actuales gobernadores de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, y al alcalde de Quibdó, (Chocó), Isaías Chala Ibargüen.

Así mismo, adelanta procesos disciplinarios contra los exgobernadores de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla; de Meta, Alan Jara Urzola; el exalcalde de Buenaventura, Eliecer Arboleda Torres, y de Cartagena, Manuel Vicente Duque.

Valle del Cauca

El ente de control abrió investigación disciplinaria a la gobernadora, Dilian Francisca Toro, a la secretaria de Salud, María Claudia Lesmes Duque; a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Cristina Bermúdez; al subsecretario para la Prosperidad Social, William Hernández Arias y a Jorge Isaac Fernández Cifuentes, interventor de los convenios 010-18-005, 010-18-006, 010-18-0565 y 010-18-0566.

El Ministerio Público busca determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con posibles irregularidades en la suscripción de estos convenios de manera directa, al parecer, omitiendo la convocatoria pública. Se advirtió también el no suministro de alimentación por varios días, y la no garantía en la prestación del servicio desde el primer día del calendario escolar.

Arauca

En Arauca, el órgano de control abrió investigación disciplinaria al actual gobernador, Ricardo Alvarado Bestene, a la secretaría de Educación, Gladys Yolanda Montes Ovalles, al gerente de Contratación, Edgar Alfonso Cadena Díaz, y a Rubén Darío Bustamante, supervisor del contrato de suministro 516 de 2016, que tenía por objeto la “implementación del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones y centros educativos del departamento de Arauca”, por valor de $991.165.565.

Al parecer, en el negocio jurídico, que buscaba beneficiar 8.037 estudiantes, se pudieron presentar irregularidades en el proceso de subasta SU 0614-2016 relacionadas con presuntas deficiencias técnicas, sobrecostos, y anomalías en la adjudicación, ejecución y supervisión del contrato, entre otros.

En otro proceso, la Procuraduría investiga al gobernador, su secretaria de Educación, a la representante legal de CML Ingeniería y Consultorías SAS, Marisol Garrido Garzón, y a la supervisora del contrato de interventoría 003 de 2016, por hechos relacionados con la intoxicación de más de 300 niños y niñas, al parecer, por consumir alimentos del PAE correspondientes al contrato 02 de 2016, y cuya interventoría se ejecutó en el negocio jurídico 003 de 2016 por $123. 008.778.

Quibdó

Así mismo, el órgano de control abrió investigación disciplinaria al alcalde de Quibdó (Chocó), Isaías Chala Ibargüen, a la secretaria General del municipio, Dayci Mariela Mosquera Mena, y al secretario de Educación y supervisor del contrato 277 del 2016, Harold Ramírez Orozco, por presuntas irregularidades en la contratación del programa.

La Procuraduría busca establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias porque al parecer la administración no contrató con lista de precios, y no hay claridad sobre dos prórrogas realizadas al negocio jurídico.

En este sentido, el Ministerio Público solicitó informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales con el fin de determinar los criterios que tuvo en cuenta la Alcaldía de Quibdó para fijar el valor de la ración y si estuvo fundamentado en las exigencias y lineamientos del PAE.

Amazonas

Además, se abrió investigación disciplinaria en contra del exgobernador de Amazonas, Manuel Carebilla Cuellar, y de la exsecretaria de Educación, Betsy Mirella Londoño, por presuntas irregularidades al contratar el suministro de alimentos no contenidos y prohibidos en los lineamientos técnicos del PAE, como café tostado y molido, jamoneta en lata, salchichas en lata y congeladas, para las instituciones educativas de San Rafael, Casa del Conocimiento, Santa Teresita, Tarapacá, María Auxiliadora, San Francisco y San Juan Bosco.

En otro proceso, la Procuraduría investiga a los exfuncionarios por presuntas irregularidades en la planeación del contrato No. 216 de 2016, y la estructuración de los estudios previos que sirvieron de base para el cálculo del valor del negocio jurídico, y que dieron lugar al pago de sobrecostos en varios ítems contratados.

Meta

El ente de control abrió investigación al exgobernador de Meta, Alan Jara Urzola; al exsecretario de Educación del departamento, Juan Diego Muñoz Cabrera, y al representante legal de la Unión Tempora Intercoldes, Luis Eduardo Sendoya Cediel, por la presunta falta de funcionamiento del programa PAE e la escuela Santa Helena del municipio de Puerto Gaitán.

Se busca determinar supuestas irregularidades en la fase precontractual del contrato de suministro 081-2017, pues al parecer no se tuvo en cuenta la inclusión de la prestación del servicio a los alumnos de la escuela ubicada en la vereda Santa Helena del municipio.

Buenaventura

El Ministerio Público investiga al mandatario local de Buenaventura, Eliecer Arboleda Torres (2016 – 2019), por posibles anomalías en la declaratoria de la urgencia manifiesta para contratar la ejecución del PAE para 45 días, por más de $1.298 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación directa.

El órgano de control analiza la fase precontractual, contractual y de ejecución del suministro de desayunos escolares para verificar si existieron irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato No. SED 2016-001 con la Fundación Amigos Unidos por el Pacífico (Fundamigos).

Cartagena

La Entidad también investiga al exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez, por presuntas irregularidades con los contratos No. 052 de 2016 y 307- 308 -314-2017, en los que al parecer existió un aumento de precios cobrados sin aparente justificación, además de anomalías contables, financieras y en las raciones alimentarias.

Se encontraron alimentos cuyo valor unitario al parecer podría desbordar los establecidos en el mercado para esa vigencia: pechuga de pollo por valor unitario de $40.000; carne molida por $38.000; bofe por $15.000 y carne a $25.000, lo que produciría un mayor valor a favor del contratista de $246.952.260.

De otra parte, en el contrato 307- 308 -314-2017, se ordenó investigar la falta de idoneidad del contratista Consorcio Nutrición Escolar, para prestar el servicio de alimentación escolar, durante la vigencia 2017.

En otro proceso, el órgano de control prorrogó investigación disciplinaria contra el exalcalde por supuestas deficiencias en la planeación e irregularidades en la declaración de urgencia manifiesta para contratar la prestación del servicio para 83.974 estudiantes del distrito.

Para el Ministerio Pùblico al declarar la urgencia manifiesta no fue posible adelantar el proceso de selección objetiva de contratista, el cual debió iniciarse a partir del 29 de febrero de 2016.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de presuntas faltas disciplinarias por supuestas irregularidades en la etapa precontractual y contractual del programa que podrían vulnerar los principios que rigen la contratación estatal como lo es la economía, responsabilidad, transparencia y el deber de selección objetiva.

Judicializado por tratar de sacar clorhidrato de cocaína por el aeropuerto de Cartagena

Jeiner Ovidio Perilla Sánchez, fue capturado en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena cuando llevaba en su equipaje clorhidrato de cocaína. La Fiscalía General de la Nación, Seccional Bolívar, le imputó el delito tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y un juez lo cobijó con detención intramuros en la cárcel San Sebastián de Ternera.

Según el reporte de la Policía Nacional el hombre llegó al aeropuerto proveniente de Bogotá con destino a Amsterdam (Holanda) pero al pasar el equipaje por el equipo de rayos X detectaron algo. Al revisar encontraron 16 paquetes con una sustancia blanca. Además a las autoridades les pareció curioso que solo llevara una toalla a un viaje tan largo.

Perilla Sánchez fue conducido con su maleta para una respectiva prueba que arrojó positivo para clorhidrato de cocaína, el peso fue de 18 kilos 500 gramos.

Procuraduría profirió pliego de cargos al exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez

 La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo (2012-2015), y al exsecretario general de la alcaldía, Carlos Joaquín Coronado Yancés, por presuntas irregularidades en la modificación de los estatutos de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P, Acuacar, empresa que presta el servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, el exalcalde, en su calidad de Presidente de la Asamblea de Accionistas de Acuacar, autorizó en octubre de 2014 la extensión del contrato en 13 años, con lo que omitió, aparentemente, el proceso de selección objetiva del contratista y la participación de otros oferentes interesados en prestar el servicio en la ciudad.

Para el Ministerio Público, los disciplinados no habrían velado por los intereses y necesidades de la ciudad al autorizar esa modificación de los estatutos, y por el contrario beneficiaron, aparentemente, al operador y a los socios privados de Acuacar, al extender el tiempo durante el cual continuarían recibiendo un beneficio económico de parte de la empresa.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta cometida por los exfuncionarios como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Los disciplinados ya fueron notificados de la decisión. 
 

Policía impone comparendo a vendedor de bolis en Cartagena

El video, que ya empieza a ser viral en las redes sociales, fue grabado por una ciudadana disgustada con la actitud del patrullero que imponía la sanción al vendedor de bolis.

Durante el hecho se escucha a otro vendedor con acento del interior del país, pedirle a la mujer mientras graba que se aleje para no perjudicar a los vendedores, pero la señora prosigue hasta interrogar al patrullero, y este le responde que está aplicando la norma consignada en el Código Nacional de Policía.

Entre tanto el Comandante del Distrito primero de Cartagena, Coronel Fredy Barboza, señaló que el procedimiento fue aplicado según la Ley 1801, y que ahora el vendedor deberá comparecer de acuerdo al procedimiento.

Llama la atención que el pasado 7 de marzo, hace menos de dos semanas, el Presidente Duque les pidió a los alcaldes reunidos en esa misma ciudad, “La Heroica”; de manera literal “No exagerar la norma, porque la ridiculizan”.

Sin embargo, los alcaldes hasta ahora no hacen nada, y menos el de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre esta sanción.

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