«Tengo sentimientos encontrados. Estoy de acuerdo con quienes piensan que no se debe utilizar la fuerza pública al interior de la universidad, pero tampoco se puede permitir el vandalismo que pone en peligro la infraestructura que con tanto esfuerzo se ha construido para dar formación de calidad y digna a los atlanticenses».

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, expresó así su opinión frente a los nuevos hechos de vandalismo ocurridos el jueves 24 de octubre en la sede norte de la Universidad del Atlántico, donde la Policía Nacional fue requerida para detener los actos de violencia que se presentaron dentro de la institución educativa.

«Estamos sorprendidos por al alto nivel de violencia vivido al interior de la universidad. Siempre hemos respetado la protesta y están en su derecho de hacerla, pero es nuestra obligación vigilar y proteger los bienes de todos los atlanticenses. Hacemos un llamado a que con tranquilidad busquemos los espacios de análisis, de reflexión, con las mesas de trabajo que sean necesarias para tener la normalidad que requiere la universidad», puntualizó el mandatario.

El gobernador agregó que gran parte de las personas detenidas por la Policía al interior de la Uniatlántico no eran estudiantes de esa institución. «La Universidad del Atlántico es para los estudiantes, no para los vándalos. Ya están identificados los que cometieron esos actos», señaló.

Insistió que siempre se han propendido por tener espacios para el diálogo pacífico, ya que debe imperar la razón, la inteligencia y el bienestar colectivo.

«Es el momento de hacer un alto en el camino y reflexionemos qué universidad clase de universidad es la que queremos tener. Tengo la confianza en el futuro de la institución, he trabajo para que sea la mejor para mi región, un escenario para el desarrollo cultural, científico, académico, que cumpla un papel protagónico, pero para ello se requiere el concurso de todos», resaltó.

El rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca, también se refirió a la situación indicando que ante la gravedad de los hechos vandálicos no había más herramienta que acudir a la fuerza pública para detenerlos.

«La autonomía universitaria no puede significar extraterritorialidad, ni protección al vandalismo y a los violentos. No deben existir sitios vedados en el país para el accionar de la fuerza púbica. Cada vez que lo necesitemos acudiremos a las autoridades para que nos apoyen en garantizar la tranquilidad y protección de los bienes de la universidad, que son de todos en el departamento», destacó.

El funcionario recalcó que la protesta social contará con la protección institucional siempre y cuando sea pacífica.

«Tenemos evidencia de cómo ciertos líderes ingresaron a la rectoría y a otros sitios para causar daños. Vamos a instaurar hoy la octava denuncia ante la Fiscalía Antiterrorismo por hechos como estos, pero esta vez será con nombres propios porque se logró identificar a muchas personas que participaron», dijo.

Prasca dio a conocer que entre las personas llevadas por la Policía a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) hay 15 estudiantes activos de la Uniatlántico, uno inactivo, un egresado y 11 son estudiantes de otras instituciones de educación superior del departamento.

Insistió en que no puede continuar la costumbre de generar hechos de violencia en la universidad cada 24 de octubre, cuando se conmemora la Semana de la Memoria.

«Esto hay que detenerlo y estamos dispuestos a tener un diálogo constructivo que conlleve a la pacificación de la universidad. Ayer incendiaron dos salones y se impidió ingreso de los bomberos; la emprendieron con la rectoría dañando computadores, amenazaron vigilantes; luego partieron los vidrios del centro cultural, se robaron computadores y un videobeam. Hasta en el edificio de laboratorios, que aún no está en servicio, dañaron las puertas y parte de sus instalaciones. Y hoy, aunque la institución estaba cerrada, las puertas fueron violentadas», reveló.

En lo corrido de este año, los daños contra la infraestructura locativa de la Universidad del Atlántico superan los $1.500 millones. «Cuesta tomar determinaciones como el pedir a la Policía ingrese a la universidad, pero nos tocó hacerlo. La Policía lo hizo siguiendo los protocolos y el cuidado para no causar daños a las personas que estaban dentro de la institución».

El rector enfatizó que se está trabajando para mantener la normalidad académica y poder culminar el semestre. «No podemos desperdiciar el esfuerzo que han hecho los profesores, estudiantes y padres de familia para que las clases se cumplan. Llamamos a la cordura y a que todos mantengamos la universidad abierta y se pueda cumplir su propósito educativo».

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