Las protestas en Santiago de Chile y en varias ciudades del país migraron desde el descontento por el alza de tiquetes de Metro hacia otras exigencias como una mejora al salario mínimo y una reforma pensional, entre otras.

Para muchos, el estallido social que azota a Chile actualmente resulta difícil de creer. La del país sudamericano es una de las economías más sólidas de la región, el ingreso per cápita sobresale en América Latina y la inflación se ha mantenido controlada en los últimos años. Pero tiene un punto de quiebre: su enorme desigualdad social.

Santiago de Chile y muchas otras ciudades del país han sido escenario por casi una semana de protestas, en algunos casos violentas, con disturbios, incendios, saqueos a locales, parálisis del sistema de transporte y la muerte de al menos 18 personas.

El aumento, a partir del 6 de octubre, del precio de los tiquetes de Metro –considerado el sistema de transporte más moderno de la región- originó las protestas, que se recrudecieron el 18 de octubre, cuando centenares de jóvenes destruyeron estaciones y se enfrentaron con la Policía.

El Gobierno de Sebastián Piñera decidió declarar un estado de emergencia y reversar la medida. Días después, gracias a un trámite legislativo de urgencia, el pasaje de Metro volvió a la normalidad. Pero el país no.

A pesar de gozar de una buena salud económica comparado con otros países de la región, Chile también se ha visto golpeado. Principalmente por una caída en los precios de las materias primas (como el cobre) que exporta y el aumento de los precios del petróleo (que importa). Además de ser un país vulnerable a las guerras comerciales, como la que libran actualmente China y Estados Unidos que ha provocado un incremento en el precio del dólar.

Estas fueron justificaciones suficientes para anunciar aumentos en los recibos de la luz y en los tiquetes del metro en horas picoLo que hizo el alza en las tarifas de transporte fue, básicamente, colmar la ya desgastada paciencia de millones de chilenos. En su momento el ministro de economía Juan Andrés Fontaine dio muestra de una cruenta falta de sensibilidad al asegurar que quienes salieran más temprano, tendrían la posibilidad de una tarifa más baja. Para muchos, quienes pasan horas diariamente en el sistema de transporte intentado llegar a sus lugares de trabajo, un verdadero insulto. Por eso, la anulación de la medida en lugar de convencerlos, los exasperó.

Y es que las exigencias, señalan, van más allá y tienen que ver con el modelo político, económico y social. El descontento general de gran parte de la sociedad chilena tiene que ver con los salarios, los altos niveles de deuda, el sistema de pensiones, la educación, las tarifas de la luz, el gas, el precio de la gasolina, el costo y calidad de la salud y la concentración extrema de la riqueza.

El informe “Desiguales: orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile”, publicado en 2017 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población.

Pensiones privadas: un modelo heredado de Pinochet

El sistema de pensiones es uno de los puntos que más rechazo genera en la sociedad chilena. El modelo fue establecido en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y obliga a los trabajadores a depositar cada mes cerca del 12% de su sueldo en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Las AFP invierten en los mercados en busca de rentabilizar sus fondos y obtienen beneficios millonarios, pero la ciudadanía siente que no es retribuida con pensiones dignas.

Universitarios endeudados y salud precaria

La educación universitaria fue gratuita en Chile hasta 1981, cuando la dictadura simplificó los requisitos para la creación de universidades privadas. Estos centros se multiplicaron hasta superar los 40 en un esquema de mercado en el que tenían libertad para fijar el valor de sus matrículas.

Al tiempo, se redujo el aporte estatal a las universidades públicas, que también comenzaron a cobrar aranceles como una manera de mantenerse competitivas. El resultado fue que muchos jóvenes debieron acceder a costosos créditos para financiar sus estudios.

Entre tanto, con relación al sistema de salud, los trabajadores deben cotizar por lo menos el 7% de sus remuneraciones en planes de salud y pueden elegir entre hacerlo en el sistema público o privado. El primero es muy criticado por la mala atención en los hospitales y poca disponibilidad de citas, y el segundo por tratos supuestamente discriminatorios.

Un paquete de reformas que busca contener la ira social

El martes 22 de octubre, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió perdón a los ciudadanos por no haber visto sus necesidades, al tiempo que anunció una agenda social para reformar el sistema de pensiones, la salud y los medicamentos, el ingreso mínimo y las tarifas eléctricas.

Por un lado, el mandatario anunció la creación de un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complementan el salario de los trabajadores de jornada completa cuando sea inferior a esa cantidad.

Agregó que elevará el aporte estatal a las pensiones, ampliará un convenio con las farmacias para reducir el precio de los medicamentos, impondrá un impuesto sobre las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales (unos 11.000 dólares) y reducirá los sueldos de la administración pública, entre otras medidas.

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