Bajo Iván Duque, a la paz en Colombia aún le falta lo fundamental

Durante el año que lleva al mando el presidente colombiano, el Acuerdo de Paz ha sufrido sacudidas que han llegado desde el mismo Estado. El fin del conflicto con las FARC se concretó, pero puntos claves del texto permanecen incumplidos.

“En Colombia no ha existido una guerra civil ni un conflicto armado, sino una amenaza terrorista contra el Estado, por tal razón, es urgente tramitar las modificaciones necesarias” dijo, refiriéndose al Acuerdo de paz firmado en 2016, el entonces presidente del congreso Ernesto Macías el 7 de agosto de 2018 durante el acto de posesión de Iván Duque. Durante ese mismo evento, quien pasaba a ser la tercera figura política más importante de Colombia, decidió buena parte de sus palabras a adular a la derecha y particularmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, principal artífice de la elección de un hombre que meses antes de la elección era un joven político desconocido para la mayoría de los ciudadanos.

La franja ultraconservadora de la política colombiana comenzó a mostrar su poderío electoral tras promocionar la opción del “No” que resultó ganadora en el plebiscito sobre el Acuerdo de La Habana, el 2 de octubre de 2016. Esta derrota para el entonces presidente Juan Manuel Santos supuso la obligación de modificar lo pactado hasta firmar el Acuerdo definitivo el 24 de noviembre del mismo año. La oposición, sin embargo, nunca aceptó que la paz fuera ratificada por el Congreso tras el rechazo ciudadano, lo que sumió a Colombia en un estado de polarización del que aún no se recupera.

Iván Duque fue el candidato elegido para que el Centro Democrático (partido de Uribe Vélez) retomara las riendas del país. Su victoria se dio con un registro histórico de más de 10 millones de votos en la segunda vuelta, poniendo desde un principio al Acuerdo de Paz en la cuerda floja. Tan pronto asumió el cargo, Duque matizó la retórica de algunos de sus aliados que habían hablado de “hacer trizas” el texto de La Habana y se limitó a hablar de modificaciones. Su planteamiento generó dudas pues el acuerdo se encuentra ‘blindado’ por la Constitución y un país traumatizado por la guerra temía el reavivamiento del conflicto.

Un exitoso fin del conflicto con las FARC

Pero con Duque, permanecieron callados los fusiles de los exrebeldes marxistas y, pese a que se formaron algunas disidencias de las FARC, se confirmó el fin del conflicto con este grupo al margen de la ley. Mientras que el líder del ahora partido FARC aseguró que “no hay vuelta atrás” en su compromiso con la paz, el presidente se empeñó a reforzar los mecanismos de reincorporación de los miles de mujeres y hombres que se enfrentaban poco tiempo atrás al Ejército. Un hecho que no es visto como cualquier cosa para Colombia, un país que ha visto cómo las muertes imputables al conflicto se han dividido por 100 entre 2003 y 2017.

“En los últimos meses se ha acelerado el proceso de aprobación de proyectos socio-económicos colectivos e individuales de reincorporación”, resaltó en abril pasado el Instituto Kroc, el centro de estudios encargado del monitoreo del Acuerdo, que afirma que “han surgido un amplio conjunto de iniciativas locales que valoramos de forma muy positiva”.

 “Las acciones del Gobierno en cumplimiento del Acuerdo son contundentes”, afirmaba recientemente Emilio Archila, el Consejero Presidencial para la Estabilización y Reincorporación, encargado de promover la política de “paz con legalidad” del gabinete Duque. Enfatizó, recientemente, que se lleva a cabo una “iniciativa de gran alcance en la transformación social del país que se debió hacer con o sin acuerdos desde hace varias décadas” y que “la implementación del Acuerdo ya está transformando los municipios más afectados por la violencia” gracias a los 250 millones de dólares que invirtió la administración actual en proyectos locales.

Sin embargo, los logros del Ejecutivo se quedan cortos frente a los innumerables rezagos. El mismo Instituto Kroc constata que tan solo 23% de las medidas previstas por el Acuerdo han sido implementadas de forma completa.

Rezagos en la columna vertebral del Acuerdo: el desarrollo del campo

“Cuando hay un paso adelante, hay otro para atrás”. Con esa frase resumió a France 24 Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los avances del proceso. Según él, lo que se “formalizó legalmente de manera irreversible” en 2016 es lo que más avances ha registrado y subrayó lo que califica como una evolución positiva de las instituciones a favor del Acuerdo. Sin embargo, González dijo que “todo lo que depende de la iniciativa del Gobierno no ha avanzado”

Entre los temas críticos está la problemática de la tenencia de la tierra. Colombia es el país más desigual de Latinoamérica en términos de acceso a esta. Fue esa brecha la que originó el conflicto armado y ese fue uno de los temas centrales negociados en la capital cubana. El texto final prevé repartir a los campesinos que menos tienen unas tres millones de hectáreas en un plazo que va hasta el 2028. La Agencia Nacional de Tierras dice tener a disposición de su fondo la mitad, 1,5 millones de hectáreas, pero según Camilo González, el Gobierno ha dejado sin recursos a esta entidad.

Las “resistencias políticas a la implementación” por parte de grupos de poder poco interesados en la concretización de la Reforma Rural Integral, serían la causa de esta carencia de financiación para que se cumpla a cabalidad el primer punto del Acuerdo Final. “En el plan de desarrollo hasta el año 2022 y las proyecciones presupuestales, al campo le dan el 4% de los recursos”, subrayó González quien dijo además que “dentro del poder económico, no cabe la pequeña producción, considerada como ineficiente. La plata que se destine a la democratización del campo, es plata perdida para ellos.”

Por su parte, Luis Eduardo Celis, asesor de la Red Nacional de Programas de Desarrollo y Paz, dijo a France 24 que “hay una tendencia histórica de no trabajar” sobre las raíces del conflicto armado y también apunta a un grupo “no dispuesto a avanzar contra sus intereses”. “En Colombia, los ganadores de la guerra están en la derecha, han fortalecido su poder, ampliando el despojo de tierras para apoderarse de ellas”, así que, según él, “hay un Acuerdo de Paz, pero no hay una transición política entendida como una superación de los problemas estructurales”.

Pero además de la problemática rural, está la de la coca, materia prima para la elaboración de la cocaína. El texto firmado en La Habana contempla una serie de medidas para ayudar a la sustitución de plantaciones ilícitas a través de asistencia financiera y técnica. Unas 123.225 familias se comprometieron a remplazar unas 50.000 hectáreas de coca a partir de 2017, pero el Gobierno les cumplió, hasta ahora, a solo a 15.936 de estas. La Consejería para la Estabilización estimó, al retomar este programa de la administración anterior, que hubo fallas y faltó un “diagnóstico” apropiado de la situación, lo que explicaría al menos en parte los atrasos.

Una voluntad de “desbaratar la justicia transicional”

Los líderes comunitarios que se comprometieron en la sustitución de siembras de coca son los más susceptibles a ser víctimas de las amenazas de los grupos mafiosos que llenaron los vacíos que dejaron las FARC tras su desmovilización y su transición hacia la vida política. Las fallas a la hora de ofrecer seguridad en el campo tienen como primera consecuencia la muerte de centenares de líderes sociales. La incapacidad del actual Gobierno cuando se trata de brindar protección a estas personas ha sido una de las principales críticas que ha recibido la Administración de Duque en sus primeros 365 días en el poder.

El Proceso de Paz también se ha visto salpicado por los pulsos que las propias instituciones del Estado han tenido alrededor de la llamada Justicia Especial para la Paz. De nuevo Camilo González brindó su análisis a France24 asegurando que existe una voluntad de “desbaratar la justicia transicional”. “Querían que esto se acabara para que quedara una sola sala en la Corte Suprema de Justicia y que no se aplicara ningún tipo de procedimientos especiales de justicia y verdad a empresarios, militares o funcionarios del Estado que estuvieran implicados en crímenes atroces”, aseguró. El presidente de la República objetó seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP, pero tras meses de debate perdió la pelea tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional y terminó sancionándola.  

En el Congreso, los exguerrilleros llegaron a ocupar los escaños que se les designó en el Acuerdo, pero la suerte no fue la misma para las víctimas del conflicto. En sintonía con su bando político, en medio de la campaña presidencial, Iván Duque dejaba entender que esta disposición favorecería a las FARC.

Además, justamente en el caso de las víctimas tampoco avanzan los procesos de reparación previstos debido a que la formulación de los presupuestos parece haberlas dejado en el olvido, según la Procuraduría General de la Nación y otras instituciones.

Frente a la cantidad de adversidades que atraviesa este Proceso de Paz, Luis Eduardo Celis opina que el papel de los colombianos de a pie va a ser clave durante los próximos años. “El Acuerdo es para la sociedad”, explicó, “lo que se necesita es una presión ciudadana para que se lleve adelante y se pueda enfrentar la resistencia de los que no quieren avance”.

Anuncios

Deja un comentario