La Procuraduría General de la Nación suspendió dos meses a la inspectora municipal de Tránsito y Transporte de Cimitarra, Santander, Paola Andrea García Navarro, por solicitar dádivas directa o indirectamente.

La servidora expidió oficios solicitando anchetas navideñas a empresas públicas y privadas del municipio para ser entregadas a los policías de carretera de esa jurisdicción, con lo cual incurrió en la prohibición impuesta a todo servidor público, que se encuentra establecida en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.

El ente de control demostró que la inspectora municipal vulneró el principio de moralidad, con su actuar contrario al proceder correcto y transparente que debe guiar a los servidores públicos.

Con esta conducta la disciplinada envió un mensaje indebido y generó en la conciencia colectiva de sus subalternos y de la sociedad, la idea negativa de que un funcionario público puede usar su cargo para solicitar este tipo de favores.

La falta de la disciplinada fue calificada como grave cometida con culpa grave.

A juicio del Ministerio Público, por su profesión, García Navarro conoce el régimen de prohibiciones por su constante acceso a las normas que regulan su función, y además no es la primera vez que desempeña un cargo de esta naturaleza.

Esta decisión de primera instancia quedó en firme por cuanto los sujetos procesales no interpusieron recurso contra la misma.