La inversión social y de infraestructura en Quindío habría sido saqueada por algunos funcionarios del departamento

La Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro personas por la supuesta adjudicación irregular de contratos para la construcción de jardines infantiles, mejoras en las vías terciarias y recuperación de los acueductos municipales en Quindío.

El plan bolsillos de cristal sigue enfocado en poner en evidencia y sancionar judicialmente los casos de corrupción que han truncado el desarrollo social y el progreso de las regiones.

En un nuevo proceso el equipo de fiscales e investigadores puso al descubierto una red criminal en el departamento de Quindío, que habría contado con la complacencia de algunos funcionarios de la gobernación en el periodo 2012 – 2015 para desviar dineros públicos destinados a cubrir necesidades de la infancia, obras de infraestructura y servicios vitales para la comunidad.

Gracias al material probatorio recopilado, se lanzó una primera fase investigativa que permitió la captura de cuatro personas, entre exfuncionarios y contratistas, que estarían involucradas en supuestas anomalías en la adjudicación de cinco (5) contratos por valor de 20 mil millones de pesos, en los que se habría presentado el pago de coimas a servidores públicos por más de tres mil millones de pesos (3.000’000.000).

Investigación

Los investigadores establecieron que, previo a la licitación de obras de acueducto, vías terciarias y jardines infantiles en Quindío, se habría acordado la entrega de los convenios al constructor José Carlos Vergara Mendoza, a cambio del 15% del valor de todos los contratos adjudicados, como efectivamente ocurrió.

Adicionalmente, en el expediente hay evidencia testimonial y documental sobre las actuaciones de algunos funcionarios de la Gobernación de Quindío, que habrían concertado con el contratista los pliegos de condiciones y, supuestamente, ajustaron los requisitos de experiencia y capacidad para que las obras fueran entregadas a Vergara Mendoza.

En las indagaciones se constató que el constructor, representante legal de la firma Inalcon, no tenía la idoneidad exigida por la ley y eso habría generado dificultades en el desarrollo del proceso contractual, por lo que los contratos fueron cedidos y se permitió la subcontratación, figuras que estaban prohibidas en las cláusulas legales.

Contratos irregulares

Los contratos celebrados entre la firma Inalcon, de propiedad de José Carlós Vergara Mendoza, y la entonces Gobernación de Quindío, que estarían comprometidos en el supuesto pago de coimas, son:

Contrato por valor de 5.324 millones de pesos para la construcción y recuperación de los acueductos y obras de saneamiento básico en los municipios Córdoba, Finlandia, Génova, Quimbaya y Salento, afectados por el fenómeno de la Niña en 2010 – 2011.
Dos contratos de mantenimiento y recuperación de vías terciarias en Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Génova, Montenegro, Pijao y Quimbaya, por valor de 12.858 millones de pesos.
Convenio para la construcción de jardines infantiles en Quimbaya y Calarcá, que ascendían a 2.498 millones de pesos.
La Fiscalía tiene suficiente evidencia física y testimonial que da cuenta de múltiples irregularidades en el proceso de selección y adjudicación de los citados contratos. Todos quedaron en manos del mismo constructor, así como las consultorías previas, estudios de diagnóstico estructural, análisis de vulnerabilidad sísmica, diseño estructural y demás requerimientos complementarios.

Capturas

Producto de la labor investigativa la Fiscalía General de la Nación hizo efectivas las capturas contra las siguientes personas:

Jhon Edward Parra Peña, exdirector de análisis financiero y administrativo de la Gobernación de Quindío.
Jhon Faber Quintero Olaya, exsecretario de representación judicial y defensa de la Gobernación de Quindío.
José Carlos Vergara Mendoza contratista de las obras y representante legal de la empresa Inalcon.
Sandra Jannette Forero Simijaca, gerente y representante legal suplente de Inalcon.
Delitos

Las personas capturadas y la exgobernadora Sandra Paola Hurtado serán imputados como posibles responsables de los delitos de:

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Interés indebido en la celebración de contratos.
Peculado por apropiación.
Prevaricato por acción.
Cohecho por dar u ofrecer.
Falsedad ideológica en documento público.

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