Un proyecto de ley consensuado entre el contralor General de la Republica Edgardo Maya Villazón y el procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez, establece penas de prisión hasta de 96 meses, unidas a sanciones fiscales con multas onerosas por su desatención en el servicio de urgencias médicas.

Como actos criminales fueron calificadas por el contralor Edgardo Maya las acciones cometidas por las entidades promotoras de salud y demás actores a fines, que infringen sufrimientos y daños morales, materiales e incluso la muerte a los usuarios, cuando no lo atienden, recalcó el alto funcionario einsistió en que estas faltas son reiteradas y sistemáticas.

Aquí elevamos a conducta criminal todo acto de omisión de prestación del servicio de salud de los hospitales, clínicas, EPS o cualquier entidad prestadora de atención medica pública o privada, que de no cumpla con su función de atender y obligar la actuación del aparato judicial, afirmó el máximo rector de las finanzas estatales Edgardo Maya Villazón.

El contralor Maya Villazón señaló que el aporte que el estado hace en subsidio al servicio de salud nos obliga a ser más drásticos, porque reciben recursos estatales, razón suficiente para que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría actúen con rigor para mejorar el servicio de salud de los colombianos.

Por su parte el procurador Fernando Carrillo, afirmó que en la actualidad existe una ley estatutaria de salud que sanciona a las entidades que susciten al paciente el paseo de la muerte, pero esta ley se ha convertido en rey de burlas por no cumplir, pese a las múltiples quejas que se presentan en la Superintendencia de Salud.

En el 2017 fueron más de 200 mil tutelas presentadas para que se les preste el servicio de salud requerido, razón por la cual estamos haciendo equipo con la fiscalía, la contraloría para garantizar el buen servicio de salud afirmó Fernando Carrillo Procurador General.

El proyecto que presentamos contempla como circunstancias de agravación punitiva al aumentar las penas a unas terceras parte a la mitad cuando la conducta se cometa en contra de sujetos de especial protección, como niños niñas, adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados víctimas de la violencia y del conflicto armado, población adulto mayor, personas que sufren enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad.

De otra parte el congresista Jorge Iván Ospina Gómez, del partido alianza verde, destacó las bondades del proyecto de ley, va encaminado a reivindicar la vida y evitar la muerte y orientar a quien tiene la obligación de prestar el servicio de salud, que cumpla sin mirar el afiliado o la cotización, poniendo por encima de todo el derecho a la viva y el derecho a la salud.

Ospina Gómez, afirmó que aquí no se debe dar el paseo millonario que hacen los conductores de ambulancias, de trasladar al paciente a un centro hospitalario, donde le pagan por llevar enfermos o heridos cuando existe otro centro médico, cerca al punto donde está el paciente y tampoco se permitirá que una clínica le niegue el servicio a un paciente y le obligue a ir a otra localidad, cuando el centro hospitalario que está cerca, aduce no tener atención de urgencia o de otro orden.

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