La «Reforma Rural Integral» fue el primer punto en la agenda de conversaciones entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba, y en ese mismo orden quedó establecido en el acuerdo final firmado el 24 de noviembre de 2016.

Según lo definido en este aparte, «(…) la Reforma Rural Integral, sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural —hombres y mujeres— y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera. Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las Farc-EP dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños».

Por iniciativa de los senadores conservadores: Hernán Andrade, Eduardo Enríquez Maya, Nora García, Nidia Osorio, Juan Diego Gómez y Luís Emilio Sierra, este martes 08 de mayo tendrá lugar en la Plenaria de Senado, un debate de control político sobre «las tierras en el posconflicto» teniendo en cuenta que a año y medio de la firma del Acuerdo Final poco se ha avanzado en el tema de tierras.

De acuerdo con la proposición presentada, uno de los orígenes del conflicto armado en el país ha sido la tenencia de la tierra. Según estudios, como el de la Misión Rural, el conflicto por uso de la tierra en Colombia se debe principalmente a tres factores: alta concentración e informalidad de la propiedad, la no correspondencia entre el uso del suelo y su vocación, y la baja protección y regulación de los recursos naturales.

Cifras 

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Igac, solo el 25% de los propietarios de la tierra son dueños del 95 % del territorio nacional. Y de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Dane, el 64% de los hogares campesinos no tienen acceso a la tierra. y 4,4 millones de propietarios rurales no cuentan con área suficiente para trabajar. Por otro lado, según el Censo Nacional Agropecuario (2016), el 45.9 % de la población rural presenta niveles de pobreza.

En ese sentido, dice la proposición, del Acuerdo con las Farc se desprende una política de desarrollo agrario integral determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico del país. Los puntos básicos del Acuerdo son:

• Acceso y uso de la Tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
• Programas de desarrollo rural con enfoque territorial.
• Infraestructura y adecuación de Tierras.
• Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
• Estímulo a la producción agropecuaria, a la economía solidaria y cooperativa.
• Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de Ingresos. Mercadeo. Formalización Laboral.
• Sistema de seguridad alimentaria.

Consideran los senadores citantes que frente a ese panorama, y considerando que la tenencia, titulación y uso de la tierra son aspectos clave de todo lo que viene con el postconflicto, han surgido serias preocupaciones en torno a que existe algún riesgo de revivir miles de viejos conflictos locales.

Algunas dudas de los senadores

Agregan que el Acuerdo y el postconflicto plantean desde ya la necesidad de darle seguridad jurídica al poseedor o comprador de buena fe y crear escenarios en los que la gente no se sienta amenazada porque el proceso de paz les vaya a quitar la tierra. En tal sentido se plantean los siguientes interrogantes: ¿Cómo proteger al que sí ha explotado la tierra pero no tiene títulos?, ¿Qué pasará con los que tienen tierras sin explotar? Colombia tiene incluso municipios en los que casi en la totalidad de su territorio no tienen ningún tipo de titulación ¿Cómo se legalizarán esas amplias zonas, especialmente en las llanuras orientales?, ¿Cómo hacer estos procesos sin provocar traumas violentos? Los que tienen su tierra de buena fe, ¿cómo defenderán su propiedad?

«El país debe fijarse en que no les quitemos al que ha poseído y usufructuado de buena fe. Debemos revisar a fondo cómo aplicar el nuevo Derecho de Superficie para predios rurales», consideran los citantes.

Para dar respuesta a estas y otras preguntas, fueron citados al debate los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga; de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, y el Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo.

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